Por Valeria Colella
La inteligencia artificial volvió a poner en jaque la noción de autoría, que, durante años, pareció diluirse entre copias, ediciones colaborativas y textos anónimos. Con la IA generativa, esa dilución se vuelve un problema concreto, jurídico y ético, que ya no puede seguir esquivándose.
En la Argentina, la autoría no es una categoría simbólica. El derecho de autor, la responsabilidad civil, la firma de documentos administrativos, académicos o periodísticos suponen que alguien responde por lo que se dice. No importa si el texto fue dictado, corregido, sugerido o asistido por una herramienta tecnológica. El sistema jurídico no reconoce autores automáticos, reconoce personas.
Sin embargo, en la práctica cotidiana, esa claridad empieza a erosionarse. Textos institucionales generados “con ayuda de IA”, trabajos académicos sin trazabilidad del proceso de escritura, comunicaciones profesionales donde nadie podría explicar por qué el texto dice exactamente lo que dice. El problema no es el uso de la tecnología, sino la creciente dificultad para identificar dónde se tomó la decisión final.
Desde el punto de vista jurídico, la cuestión es sencilla: la responsabilidad no se delega. Si un texto discrimina, desinforma, vulnera derechos o produce un daño, no hay algoritmo que responda ante un juez, una auditoría o una comisión ética. La IA no firma, no declara, no comparece. La autoría, en este sentido, no es un privilegio creativo, más bien se vuelve una carga.
Pero el debate no se agota en lo jurídico. Hay una dimensión ética que resulta igual de urgente. Asumir la autoría implica hacerse cargo de los efectos del texto: cómo circula, a quién excluye, qué presupone, qué normaliza. Cuando la escritura se automatiza sin reflexión, esa cadena de responsabilidad se debilita. El texto aparece como algo que “salió así”, como si nadie lo hubiera querido del todo.
En ámbitos como la administración pública, este problema adquiere una gravedad particular. Las comunicaciones estatales producen efectos jurídicos, simbólicos y materiales sobre la ciudadanía. Si esos textos se generan sin una conciencia clara de autoría, el riesgo no es solo estilístico, sino democrático. La opacidad en los procesos de escritura puede traducirse en opacidad institucional.
Algo similar ocurre en el ámbito académico. La discusión suele centrarse en el plagio o en el uso permitido de herramientas de IA, pero el núcleo del problema es otro: ¿quién sostiene el argumento?, ¿quién responde por lo que se afirma?, ¿quién puede defender ese texto como propio? Un trabajo sin autoría clara es un texto sin responsabilidad intelectual.
Volver a poner la autoría en el centro no implica negar la escritura asistida ni idealizar una figura romántica del autor individual. Implica reconocer que, aun en procesos colectivos, híbridos o automatizados, siempre hay un momento de decisión humana. Ese momento el de elegir qué versión queda, qué se publica, qué se firma— es el acto autoral por excelencia.
En este contexto, la pregunta importante no es si usamos inteligencia artificial para escribir, sino cómo dejamos registro de nuestra intervención humana. Qué criterios se aplicaron, qué se revisó, qué se descartó, qué se sostuvo. La ética de la escritura con IA no se juega en la herramienta, sino en la trazabilidad del proceso.
Tal vez sea momento de recuperar una definición menos estética y más concreta de autoría: autor es quien responde. Responde legalmente, responde éticamente, responde ante otros por el sentido y los efectos de un texto. Asumir esa responsabilidad es un acto necesario y, cada vez más, político.